Denuncias cruzadas golpean las licitaciones porteñas
La ley 2.095, fechada el 21 de septiembre de 2006, es la que establece “las normas básicas que contienen los lineamientos en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios” de la Ciudad de Buenos Aires.
Documentos internos de la administración porteña a los que accedió La Política Online demuestran que la gestión de Mauricio Macri, no se salva de la tradicional conflictividad de esa área, que enfrenta denuncias de manipulaciones en las licitaciones, que maneja la Dirección General de Compras y Contrataciones, a cargo del director Edgardo Cenzon desde el 1 de septiembre.
Este funcionario proviene del grupo político que conduce Horacio Rodríguez Larreta, con quien ocupó una dirección general en el ámbito de la Jefatura de Gabinete hasta ser trasladado a la complicada oficina de compras del Ministerio de Hacienda, convirtiéndose así en uno de los pocos “extranjeros” que pudo ingresar en el blindado equipo del ministro Néstor Grindetti.
Cenzon reemplazó hace algunos días al ingeniero Jorge Polini, quien lleva en sus espaldas dos antecedentes poco congruentes: Haber acompañado a Macri en la famosa conferencia de prensa donde denunció "maniobras de corrupción" en la compra y el suministro de alimentos para los comedores comunitarios, y a su vez contar con una denuncia en su contra, lastre de su paso por la dirección.
Todos contra todos
Desde su desembarco en Compras y Contrataciones, Cenzon no la tuvo fácil. En el área se cruzan al menos tres intereses distintos. El de los empleados de carrera sin alineamiento gremial pero con el poder de manejar los expedientes; el de ciertos sindicalistas respaldados por el gremio municipal y por último el Cenzon y sus asesores, que supuestamente deben “conducir” esas estructuras.
Con los millones que hay en juego, y la presión externa de las empresas por quedarse con los negocios, la interna es feroz.De hecho, basta con ver la información cruzada que llegó a este medio para tomar cuenta de la situación.
“Llegó y nombró a cinco asesores, con sueldos de 12 mil pesos cada uno, que sólo se encargan de intervenir ante las distintas empresas oferentes y manejar las licitaciones”, dicen de Cenzon.
Pero desde la Dirección de Compras y Contrataciones, que extrañamente sólo aceptaron hablar “en off”, afirmaron a La Política Online que “es cierto que Cenzon llegó con seis asesores, pero son todos abogados o contadores, y ninguno gana más de seis mil pesos porque está limitado por ley”. Y agregan: “Luchamos contra un sistema perverso manejado por los gremios. En Compras y Contrataciones, son 180 empleados con 16 delegados sindicales. Chile Compra, la oficina chilena que aúna las compras de todo el país, trabaja con 95. Esto es una locura”.
Por su parte, los empleados de carrera del área concentran sus críticas en la figura de Cecilia Aún, Coordinadora General Administrativa que llegó a Compras desde el Ministerio de Salud. Afirman, que la funcionaria no teme “sugerir” cambios en las licitaciones. Incluso, afirman, trabajando en un “puente” por encima del control del propio Cenzon. Pero no son más que conjeturas.
Como sea, este medio accedió a tres denuncias de tres empresas distintas sobre manipulación de licitaciones. Una en una licitación por la compra de software, otra por la instalación de un callcenter y la última por una flota de autos en alquiler. Las tres motivaron denuncias contra supuestas prácticas irregulares para favorecer a ciertos oferentes, tal como se detalla a continuación.
Los alquileres de autos: Dietrich Vs. Serra Lima
78 millones de pesos correspondían a la licitación Nº 1138, destinada al a la “locación de una flota sin chofer”. O sea, alquiler de autos. Allí se presentaron tres empresas, de las cuáles una no cotizó quedando Serra Lima y Dietrich como las únicas oferentes en pie. Al final, quedó sólo una y según las fuentes consultadas por La Política Online, no por carriles normales.
Serra Lima notó que en lugar de presentar una oferta su competidora hizo una rara valuación fiscal de los autos en el lapso de los cuatro años que pedía el pliego, sospechó y observó en un acta esta anomalía. “Dietrich no hizo oferta económica alguna y si todo estaba bien los ganadores eran Serra Lima”, explicó una fuente del sector a este medio.
Desde el entorno de Cenzon explicaron a este medio que allí no hubo manipulación, sino que las dos empresas cometieron gruesos errores en las ofertas y que luego se desestimó por la volatilidad del mercado financiero: “Serra Lima no hizo ofertas por todos los renglones y Dietrich condicionó la oferta, por lo cual se cayeron las dos”, explicaron. Pero las fuentes consultadas por La Política Online afirman que fue una funcionaria la que presionó para que ganara Dietrich, sin éxito.
Los proveedores de Software: Coradir Vs. Hewllet Packard
Coradir S.A., proveedora de insumos informáticos, es otra de las empresa que denunció haber sido perjudicada por supuestos manejos de licitaciones, en este caso por una suma cercana a los 2 millones de pesos. Esta empresa hace años venía ganando las licitaciones en materia de computación, pero esta vez y llamativamente –ya que según aduce la oferta de Coradir era mejor- el beneficiado fue el gigante de la informática, Hewllet Packard (HP). Por eso, hizo una denuncia por “modificación del pliego posterior a la apertura de ofertas”, algo que es al menos, irregular.
La Política Online accedió a la denuncia escrita firmada por el apoderado de Coradir. Allí describe que “de modo inconsulto y unilateral, se recomienda desestimar nuestra oferta por no presentar un certificado (…) requisito que no estaba pedido, y todo ello sin importar que el fabricante” lo asegure.
Según los responsables de Compras consultados por este medio, “quien desestimó la oferta de Coradir fue la Agencia de Sistemas de Información”. “Nosotros no elaboramos ese pliego ni lo manejamos. Fue la agencia quien nos pidió que desestimemos la oferta de Coradir y vaya al otro oferente, por cuestiones técnicas. Igualmente, recibimos la queja formal de Coradir, la cual remitimos a la Agencia”, explicaron.
La Agencia de Sistemas de Información (ASINF) es una de las flamantes creaciones administrativas de la gestión macrista para agilizar las compras, y está a cargo de Julián Dunayevich, uno de los pioneros de internet en el país, que junto al ministro de Desarrollo Económico Francisco Cabrera, impulsa la instalación de un área de empresas digitales en Parque Patricios. Loable iniciativa que primero debería garantizar en ese barrio, servicios básicos del Estado como luz en las calles y seguridad para los vecinos.
Como sea, desde la asesoría de Cenzon afirmaron que “la denuncia de Coradir no se tramitó como impugnación porque estaba vencido el plazo y no depositó los fondos”.
Los fondos a los que se refiere la gente de Cenzon van del 3 al 5 por ciento del total de la licitación y deben depositarlos las empresas que deseen impugnar una licitación. Este requisito que tiende a desalentar denuncias insustanciales, tiene su lado negativo: “Los que arreglan negocios, cuando viene una empresa a quejarse les dicen: `si querés impugná, pero te va a salir una fortuna”, explicó un hombre con años en el área.
El call center: PMS Vs. Exacta
Por último, está la presentación de la empresa PMS Argentina, que también presentó un escrito ante la dirección de Cenzón luego de ser descalificada en una oferta por “supuestos incumplimientos en los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones”, para la instalación de un “sistema de Atención a los Ciudadanos” también solicitada por la Agencia de Sistemas de Información. Llevado al llano, un call center.
El texto al que también accedió La Política Online enumera una enorme cantidad de negativas que puso como excusa Compras y Contrataciones para “bajar” su oferta que, según su propia explicación, cumplían con creces.
Incluso, destaca algo muy llamativo: “La firma beneficiada, Hexacta S.A., no cumple con un requisito básico: su estado registral en el Registro Único Informatizado y Permanente de Proveedores es “desactualizado”, tal como consta en el informe de dicho registro incorporado en el expediente”.
Esta situación viola el decreto 745/2008, reglamentario de la ley de 2095. Su artículo 22º establece que “los proveedores deben mantener la documentación y rubros ofrecidos actualizados”. Pero mucho no importó.
Lo cierto, es que todos los casos mencionados, son apenas una pequeña muetras de los conflictos que impactan en la neurágica oficina de compras porteñas. “Tienen tres denuncias, si me dan un rato, les traigo treinta más”, se ufanó ante La Política Online un funcionario del área, donde los negociados viven desde hace años y, por estos días, es una interna entre el macrismo y los gremios la que define un futuro que se prevé turbulento.
Extraído de http://www.lapoliticaonline.com/
